El nuevo rumbo de Cartes ha beneficiado a unos pocos: Los 4 años del gobierno actual.

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A cuatro años del gobierno de Horacio Cartes, nos preguntamos, desde la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEP-Py): ¿Queremos continuar con el actual modelo de crecimiento desigual, generador de más riqueza para los ricos y de más pobreza para los pobres?

La situación en el sector rural

Hace un año, en el análisis de los tres años de gobierno de Horacio Cartes, realizamos un diagnóstico de la situación productiva del sector rural y ciertas tendencias, las cuales fueron corroboradas con el paso del tiempo, ratificándose las tendencias anunciadas. En los cuatro años del actual gobierno, se ha favorecido desde el sector público el fortalecimiento y la expansión de los agronegocios, los monocultivos extensivos y ganadería para exportación. Al mismo tiempo, se ha debilitado y golpeado sistemáticamente a la agricultura campesina de múltiples formas, por medio del abandono estatal, financiamiento inadecuado, políticas productivas equivocadas, una inexistente política para el acceso a la tierra de los campesinos y campesinas, además de la criminalización y estigmatización permanentes.

La agricultura campesina sigue en su profunda crisis, presionada por la expansión de los empresarios del agronegocio y las equivocadas políticas agrarias, situación que se ha expresado nuevamente en la manifestación y protesta campesina en las calles de Asunción durante los meses de julio y agosto del presente año, buscando un alivio a su desesperante situación económica. Esto ha sido la continuidad de las manifestaciones de abril del 2016, sobre las que afirmábamos hace un año: “El acuerdo conseguido con el gobierno que contempla refinanciación, quita de intereses y un pequeño subsidio, no soluciona nada de fondo y solo posterga en el tiempo una nueva emergencia de la crisis campesina”. Nos ratificamos en que el acuerdo propuesto por el gobierno y firmado el año pasado, no ha solucionado nada de los problemas existentes, más aún los han ahondado al prolongarlos en el tiempo. La propuesta del gobierno ante la protesta actual ha sido la misma, más refinanciación, más agonía, más de lo mismo, agregando alguna dádiva al paquete, algunas bolsas de semillas y alimentos.

La exigencia campesina de condonación o subsidio tanto con el sector público como con el privado, parece tener pocas posibilidades de aprobación. Nuevamente se empujará el problema para adelante, como herencia para el próximo gobierno, asegurándose de esta manera los padecimientos del campesinado y una nueva irrupción de la crisis campesina a futuro. En la deuda campesina con el sector privado se incluyen altos intereses que rayan la usura, de la que no se quiere hablar, pero es necesario hacerlo.

En materia de política de tierras, el gobierno ha defendido a latifundistas, incluso a terratenientes irregulares, como se ha visto en los casos de Guahory y Marina Kue. Ha promocionado mucho la recuperación de tierras fiscales en manos de no sujetos de la reforma agraria, en colonias del Indert, siendo el caso de la colonia Santa Lucía el más publicitado. El impacto de esta política ha sido mínimo pues desde el 2013 hasta el 2016, según datos del ente agrario, tan solo unas 11 mil hectáreas fueron recuperadas, cuando las tierras en situación irregular así como la demanda campesina alcanzan a cientos de miles de hectáreas. En materia de compra de tierras, se había adquirido poco más de 12 mil hectáreas, principalmente para regularizar tierras ya ocupadas, una respuesta mínima a la demanda de tierras registrada en el Indert, de unas 60.000 solicitudes existentes. El Indert, además de tener un bajo presupuesto, es una entidad con una bajísima ejecución presupuestaria, llegando en el 2016 a tan solo el 49 % de su presupuesto. Mientras, el Sistema de Información y Recursos de la Tierra (SIRT) del Indert, se ha venido utilizando más bien para legalizar y blanquear tierras irregulares en manos de sojeros o empresarios, por lo cual algunas organizaciones campesinas en el último año han negado la entrada a sus comunidades a los funcionarios de dicho programa estatal.

También sosteníamos hace un año que “a causa de las equivocadas políticas hacia los pequeños agricultores, la producción de alimentos para el consumo en el mercado local es cada vez menor, aumentando la dependencia hacia productos importados”. Esta tendencia se ha venido agravando en el último periodo gracias a la negligencia del gobierno, según se puede corroborar con los datos de importación de alimentos del SENAVE: mientras en el 2015 se importaron 65 mil toneladas de hortalizas, en el 2016 se llegó a 85 mil toneladas; los frutos frescos pasaron de 20 mil toneladas a 25 mil toneladas en el mismo periodo. El corolario de esta situación agrícola es que la pobreza ha aumentado en el último año, pasando en el sector rural de 37 al 39 % de la población, y la pobreza extrema rural del 11 al 12 %. El dolor campesino se prolongará durante el último año del gobierno cartista.

La política tributaria

En materia tributaria, el gobierno de Horacio Cartes ha servido para consolidar un sistema en el que más del 70% de la recaudación proviene de tributos indirectos (IVA, impuesto selectivo al consumo y aranceles aduaneros), los cuales impactan en mayor medida en las personas de bajos ingresos, mientras los empresarios descargan en los consumidores el pago de sus impuestos y tienen diversas maneras para evadirlos. El gobierno mantuvo el bajo nivel de presión tributaria que ronda el 12,5% del PIB, por lo que no se puede esperar ninguna mejora substancial en ninguno de los servicios que presta el Estado ni una mayor redistribución de la riqueza para aliviar la brecha entre ricos y pobres. Entre las medidas tomadas durante el gobierno Cartes se encuentran la suba del impuesto a los cigarrillos y la generalización del IVA, entre otros, a los sectores agropecuario y cooperativo, los que impactan mayormente en los sectores de menores ingresos, no existiendo ningún intento por crear nuevos impuestos directos o progresivos, o por aumentar las tasas de los impuestos directos vigentes para hacer que los que más ingresos tienen, contribuyan más.

El intento de la oposición en el 2013, de aumentar la contribución fiscal de los empresarios de la soja a través de un impuesto a la exportación del grano fue vetado por el presidente Cartes. Actualmente, se discute en el parlamento un nuevo proyecto de impuesto a la exportación de soja con una tasa del 15%. Los empresarios sojeros son uno de los sectores que más ganan, menos tributan y más evaden en uno de los países con la menor presión tributaria de América Latina. Y una vez más el gobierno pretende trabar el impuesto e imponer a cambio una nueva modificación al Iragro y aumentar la tasa del IVA Agropecuario a la soja del 5% al 10%. Según Hacienda estas medidas darían al fisco una suma adicional de 100 millones de dólares.

La equiparación del Iragro al Iracis consistiría en establecer que el reparto de utilidades provenientes de las explotaciones agropecuarias pasen a ser gravadas en 5% sobre las utilidades distribuidas o acreditadas localmente, mientras que en el caso de las remesas de utilidades se pagaría un 15% sobre los importes distribuidos o acreditados. A todo esto se agregaría la eliminación de algunas exoneraciones y gastos deducibles a los efectos de establecer el monto imponible. Esta sería la tercera modificación del impuesto a la renta del sector agropecuario del 2005 a esta parte, y una vez más servirá exclusivamente para evitar la aprobación del impuesto a la soja.

El Iragro el año pasado ha recaudado solamente alrededor de 46 millones de dólares, cuando al aprobarse se anunciaba una recaudación de unos 250 millones. El aumento de la recaudación como consecuencia de la equiparación al Iracis podría derivar como máximo en un aumento del 15% de la recaudación si es que eventualmente la totalidad de las utilidades repartidas son remesadas al exterior. En este caso extremo, el aumento de la recaudación del Iragro sería equivalente a unos 7 millones de dólares. En el caso de la eliminación de las exoneraciones no es mucho lo que se puede esperar en materia de recaudación atendiendo a que lo lógico sería que recaude una porción menor que el irrisorio aporte del citado impuesto a actividades agropecuarias, por lo que la modificación estará lejos de aumentar considerablemente la recaudación fiscal.

La deuda pública y otros recursos financieros afectados

El saldo total de la deuda pública ha superado los 7.000 millones de dólares el mes de julio pasado, con las últimas emisiones de los bonos internos. Descontando dichas emisiones, el saldo total de la deuda pública al 30 de junio llegó a 6.997,3 millones de dólares, cifra que creció 95% en relación con saldo de diciembre 2012, comparación que se ajusta al hecho de que la mayor parte del crecimiento de la deuda interna y externa del año 2013 está asociada con la gestión del actual gobierno.

En el caso de la deuda externa llegó a 5.532,7 millones de dólares, cifra 147% superior al saldo del periodo referido, y ocupa actualmente el 79% del saldo total de la deuda pública. Con la tendencia de crecimiento sostenido de la deuda externa desde el 2013, iniciado con la primera emisión de los bonos “soberanos” por 500 millones de dólares del gobierno de Federico Franco, pero utilizado por el actual, se ha logrado en tan sólo cuatro años que la deuda total corresponda a más del 25% del producto interno bruto de bienes y servicios (PIB) del 2016, mientras que la externa, llegó al 20%. Esto significa que en 2018 será ha superada la meta de endeudamiento externo propuesta por su Plan de Gobierno (2013 – 2018), en la que la deuda externa pasaría de representar el 10,5% del PIB (2013) al 20,7% (2018). Este crecimiento de la deuda pública es justificado por el actual gobierno por el crecimiento de la inversión pública, y mucha gente cree dicho discurso y lo repite, para afirmar que no hay que tener miedo a la deuda si se está invirtiendo y se generan más fuentes de trabajo y de ingresos para la población.

La SEP-Py no tiene miedo al crecimiento de la deuda pública en dichos términos. Nuestras advertencias y preocupaciones expresadas hasta ahora están relacionadas con la discrecionalidad con que se han tomado y usado dichas deudas, por encima de la capacidad de diseño y ejecución de las estrategias de inversión de las instituciones públicas responsables de dicho endeudamiento, así como por encima de la capacidad de pago. La evidencia de que la capacidad actual de pago está rebasada es el “bicicleteo” de la deuda pública. Se reprograman y se emiten nuevos bonos internos para pagar los intereses de los préstamos y bonos externos, y se emiten bonos externos para pagar las cuotas de amortización de los préstamos externos y los aportes de participación en los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, además de su aplicación en la inversión pública.

Nos preocupa la preferencia hacia los bonos internacionales colocados en la Bolsa de Valores de Nueva York (entre el 2013 – 2017), y de Londres (2017), en menor medida, por un valor total de 2.880 millones de dólares, con vencimientos a pagar por los futuros gobiernos en 2023; 2026; 2017 y 2044, como si éstos gobiernos tendrían recursos financieros para sus propios planes y la devolución del capital prestado en la actualidad. Todo indica que se está hipotecando la renta de la energía hidroeléctrica desde el 2023, año en que está prevista la renegociación del Tratado de la Itaipú; el abaratamiento del precio de la energía producida por dicha hidroeléctrica por efecto de la cancelación de la deuda, y la posibilidad de la venta de la energía al Brasil y a otros países vecinos a precios de mercado. Pero la reciente renegociación del Tratado de Yacyretâ con el gobierno argentino de Mauricio Macri, nos dan suficientes razones para dudarlo. Es más, desde los inicios de la renegociación los dos últimos gobiernos, no han ingresado, o lo han hecho en forma mínima, las transferencias de los beneficios financieros correspondientes al Paraguay.

Los bajos ingresos tributarios y de los provenientes de Yacyretâ son las causas reales por las que el gobierno recurre al endeudamiento con bonos internos y externos en una cantidad superior a las necesidades de nuevas inversiones, y a pesar de que ha contado con los recursos del Fonacide, de más de 1.000 millones de dólares entre 2013 – 2016.

Los bonos internacionales e internos han aumentado la dependencia de la deuda pública del mercado financiero privado internacional, mayormente norteamericano, y nacional, lanzando para adelante, los problemas de financiamiento de sus programas y proyectos. A junio 2017, el 41% de la deuda pública se encuentra en manos del mercado financiero privado internacional y el 11% del mercado financiero privado nacional, de mayor costo en intereses, pues en ambos casos dichos intereses se pagan sobre el capital inicial prestado, ya que no son amortizables.

Las cifras del “bicicleteo” de la deuda en bonos externos son preocupantes así como su uso. Más de la tercera parte de la deuda con bonos internacionales, el 34,5% (julio 2017), ha sido utilizada para pagar las cuotas de amortización de la deuda en préstamos con los organismos de cooperación internacional y cuotas anuales de participación del Estado en dichos organismos financieros, encareciendo de esa manera los costos del financiamiento público, por multiplicarse intereses por intereses. En cuanto a los bonos internos del Tesoro Público, colocados y en circulación (negociables y transferibles en el mercado financiero), suman 377 millones de dólares (julio 2017). La mayor parte, 87%, de estos bonos fueron colocados desde el 2013, a corto y mediano plazo, de 1 a 7 años, y a tasas relativamente altas, entre 7 y 10%, indexados al dólar, con la variación del tipo de cambio, lo cual hace que su saldo sea actualizado en forma constante.

En tercer lugar, justificado en el aumento de la inversión y el crecimiento económico, se están emitiendo, anualmente, bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), banca pública de segundo piso, que son colocados en las cajas de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos (administrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MH) y de las trabajadoras y trabajadores del sector privado, del Instituto de Previsión Social, con cargo a la deuda pública interna.

En cuarto lugar, es preocupante porque el Estado paraguayo también ha sido comprometido, para los próximos 30 años, en proyectos de inversión en infraestructura vial, tramos de las Rutas 2 y 7, en alianza público privada, y de concesión directa, respectivamente, donde dejará de percibir los ingresos por peaje: los ingresos ya no irán al MOPC sino a empresas privadas.

Estas obligaciones de deuda pública y de proyectos APP protagonizadas por el sector privado internacional, apoyados en el sector privado nacional, financiero y de la construcción, constituyen verdaderas capturas de los bienes y los recursos financieros del Estado, como ha sucedido y está sucediendo cada vez más en la región. Las organizaciones sociales y políticas del país, así como la ciudadanía toda, deben tomar conciencia de los cambios que se están dando en la gestión pública, pues implican pérdida de soberanía y autonomía en la toma de decisiones sobre las políticas y los recursos públicos, en favor de los negocios e intereses del capital privado.

Los resultados son por demás escasos. Como nunca antes, la disponibilidad de recursos públicos aplicados a la inversión pública y privada, han tenido tan poco impacto en el crecimiento real del producto interno bruto, menos del 4% entre 2014 – 2016, así como en la estructura del empleo. Para una tasa de ocupación elevada pero fluctuante de alrededor del 94%, el desempleo se ha mantenido entre el 5 y 6%, sobre una población económicamente activa que ha tenido un pequeño descenso, del 63,28% a 62,64%. Además, siguen postergados los servicios públicos básicos de agua y saneamiento básico para la mayoría de la población, ni hablar de los constantes cortes de agua por falta de inversión en infraestructura, y el transporte público que, además de seguro, rápido y confortable, sea brindado a un precio al alcance de todos/as. Las obras del primer Metrobús de Asunción, sobre el eje de acceso Este apenas han comenzado en el penúltimo año de este período de gobierno, a pesar de que de esta inversión dependen más de 300 mil pasajeros diarios: 4 años de cuantiosas inversiones y a pesar de ello, obras como esa aún en periodo de inicio.

Conclusión

Transcurridos los 4 años del gobierno de Horacio Manuel Cartes Jara, se puede concluir que el mismo ha fracasado en la promoción de un desarrollo económico soberano, que sea ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, lo cual se ha expresado de múltiples maneras, como en el aumento de la pobreza y el desempleo, el elevadísimo endeudamiento público y la no corrección del inequitativo sistema tributario, la crisis campesina recurrente, el crecimiento sostenido de la importación de alimentos de otros países, la caída de la inversión extranjera directa, el mantenimiento de las enormes desigualdades y de un sistema social injusto, donde la mayor parte de las tierras, el capital, los servicios y el bienestar se encuentran en poder de un pequeño sector de la población, justamente el que más ha sido privilegiado por las políticas y las omisiones del gobierno actual.

Las mayorías sociales, el campesinado y los pueblos indígenas, los trabajadores y trabajadoras, los desempleados, los bañadenses, los marginados y excluidos, no han estado en la agenda de prioridades de Horacio Cartes, y sus condiciones de vida se han deteriorado peligrosamente. Una vez más, se hace necesario un profundo cambio de rumbo para el Paraguay, que precisamente es contrario al rumbo del actual gobierno.

En pdf: Comunicado Seppy 4 años – VF – PDF

Contactos: Lila Molinier (0971 207 124) y Sara Costa (0984 222 574)

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